El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del grupo español Cox, firmaron en Casa Presidencial un memorando de entendimiento para impulsar una inversión de $2,900 millones en el país, equivalente al 7 % del producto interno bruto (PIB). Según lo anunciado por el Gobierno, se trata de la mayor inversión privada proyectada en la historia salvadoreña y estará orientada al desarrollo de infraestructura estratégica en los sectores energético e hídrico.
El plan contempla aproximadamente $1,800 millones para infraestructura de gas natural, incluida una terminal de gas natural licuado y una central eléctrica de ciclo combinado con una capacidad estimada de 380 megavatios. También prevé unos $300 millones para sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, con el objetivo de fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante las variaciones de la demanda.
La iniciativa incluye alrededor de $200 millones para el desarrollo de plantas solares fotovoltaicas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), además de más de $600 millones destinados a proyectos de agua potable, saneamiento y gestión hídrica. Estas obras buscan ampliar la infraestructura de servicios básicos, mejorar el acceso al agua y diversificar las fuentes de generación eléctrica. El Gobierno sostiene que el fortalecimiento del sector energético podría contribuir a mejorar la competitividad económica del país, aunque los efectos sobre las tarifas dependerán de los resultados y costos de ejecución.
De acuerdo con la información divulgada sobre el acuerdo, Cox participaría en el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de las infraestructuras, con una ejecución prevista durante los próximos tres años. No obstante, el memorando de entendimiento constituye un paso inicial y los proyectos deberán avanzar hacia los contratos definitivos y las autorizaciones correspondientes. Por ello, el monto anunciado representa una inversión proyectada y no recursos que ya hayan sido desembolsados en su totalidad. Su impacto económico y social dependerá del cumplimiento de los plazos, la financiación y la puesta en funcionamiento efectiva de las obras.
